El ministro Carlos Bianco aseguró que el organismo perdió 350 trabajadores y sufrió fuertes recortes presupuestarios. La Provincia cuestionó el traslado de tareas de saneamiento sin financiamiento.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció que la administración de Javier Milei dejará de financiar y ejecutar tareas de limpieza y recolección de residuos en distintos sectores de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en medio de un conflicto por el presupuesto de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la decisión fue comunicada durante la última semana y advirtió que implicará trasladar nuevas responsabilidades a la Provincia y a los municipios sin garantizar los recursos necesarios. Según detalló, la medida afectará el cauce principal del río, las riberas de Lanús y Lomas de Zamora y 35 puntos de acumulación de residuos distribuidos entre Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
Durante su exposición, Bianco cuestionó el recorte presupuestario aplicado sobre ACUMAR y sostuvo que el organismo perdió aproximadamente la mitad de su personal desde el inicio de la gestión nacional actual. Según las cifras presentadas por el Ejecutivo bonaerense, se registraron 350 despidos y una reducción de recursos que alcanzó el 74% en uno de los períodos analizados. Además, la previsión presupuestaria de 2026 contempla una disminución real del 65% respecto de 2023. El funcionario recordó que, hasta ese año, ACUMAR desarrollaba tareas de limpieza en el cauce principal y en unos 103 kilómetros de arroyos, con participación de cooperativas. “El Gobierno nacional desfinanció y vació ACUMAR, dejó de hacerse cargo de la limpieza de los arroyos, nos pasó el fardo, nos pasó la obligación y nosotros lo seguimos haciendo”, afirmó.
La Provincia también advirtió que la reducción de la intervención nacional afecta proyectos de infraestructura sanitaria, urbanización y relocalización de familias que viven en zonas de riesgo ambiental. Entre las iniciativas mencionadas aparece un programa que contemplaba la construcción de 17.771 viviendas, de las cuales 7.541 habían sido entregadas hasta 2023. Según el relevamiento bonaerense, desde entonces no comenzaron nuevas unidades. Bianco también señaló la interrupción de obras como la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano, en Bernal, que registraba un avance del 51%; un río subterráneo destinado a abastecer sectores del sur de Quilmes, con una ejecución del 70%; y la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza, que había alcanzado el 14%.
Otro de los puntos cuestionados por el Gobierno bonaerense fue la disminución de los controles ambientales y las evaluaciones sanitarias en una cuenca que concentra importantes problemas de contaminación y vulnerabilidad social. De acuerdo con la información presentada por Bianco, la reducción de recursos afectó las inspecciones a establecimientos industriales, el seguimiento de vertidos contaminantes y distintos programas destinados a mejorar las condiciones ambientales de los barrios cercanos al río. El funcionario vinculó esta situación con un conflicto más amplio por los fondos que la Provincia reclama a Nación. Según el cálculo presentado por la administración de Kicillof, los compromisos nacionales pendientes ascienden a $19,1 billones, de los cuales $10,1 billones corresponden a obras públicas comprometidas.
El conflicto por el saneamiento del Riachuelo volvió a poner en discusión la distribución de responsabilidades entre Nación, Provincia y los municipios que integran la cuenca. ACUMAR es un organismo interjurisdiccional en el que también participa la Ciudad de Buenos Aires y cuya función es coordinar políticas de recuperación ambiental, control de la contaminación y mejora de las condiciones de vida de la población. Desde el Ejecutivo bonaerense aseguraron que continuarán sosteniendo intervenciones con recursos propios, aunque advirtieron sobre las dificultades de asumir nuevas obligaciones sin financiamiento adicional. Por el momento, resta conocer cómo se reorganizarán las tareas que dejaría de ejecutar Nación y qué mecanismos se establecerán para garantizar la continuidad de los servicios de limpieza, las obras pendientes y los controles ambientales.
