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SIDE: Milei autorizó un refuerzo de $25 mil millones con $8 mil millones en gastos secretos
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SIDE: Milei autorizó un refuerzo de $25 mil millones con $8 mil millones en gastos secretos

May 5, 2025

El presidente firmó un decreto que amplía el presupuesto sin pasar por el Congreso. La SIDE, Defensa, Salud y otras áreas recibirán fondos adicionales, en muchos casos sin control legislativo ni obligación de rendir cuentas.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una ampliación presupuestaria por medio de la Decisión Administrativa 10/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. El refuerzo incluye partidas para la ex SIDE —bajo control directo de Presidencia—, Defensa, Salud, programas sociales y obras de infraestructura energética. Se argumentó que los fondos cubrirán “gastos impostergables” y contrataciones que comprometen futuros ejercicios fiscales.

La Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) recibirá $25.250 millones adicionales, de los cuales $8.000 millones estarán destinados a gastos reservados, es decir, partidas que no requieren rendición de cuentas. Esta discrecionalidad generó críticas inmediatas desde la oposición. “No hay control alguno sobre esos fondos”, cuestionó Alejandro “Topo” Rodríguez, del Instituto Consenso Federal. El refuerzo también potencia el área que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, considerado el principal operador político de Javier Milei.

La ampliación fue posible debido a que sigue vigente el presupuesto de 2023, prorrogado por falta de acuerdo en el Congreso. La Ley de Administración Financiera permite al Ejecutivo reorganizar partidas mediante decisiones administrativas. Entre los destinos más destacados se incluyen: $200.000 millones al Ministerio de Seguridad por inundaciones, $113.000 millones para las Fuerzas Armadas, $105.000 millones para Salud, $189.000 millones para Economía y montos menores para programas sociales, infraestructura ferroviaria, empresas públicas y organismos ambientales. La medida, aunque legal, reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.