El máximo tribunal citó a una audiencia para abordar el reclamo bonaerense por más de $2 billones en transferencias adeudadas al sistema jubilatorio, en un conflicto que impacta sobre el IPS y miles de beneficiarios.
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia formal entre la provincia de Buenos Aires y el Estado nacional para intentar destrabar la deuda previsional vinculada al financiamiento de la caja jubilatoria bonaerense. El encuentro se realizará este martes en la Secretaría de Juicios Originarios y marca una instancia inédita de negociación.
El reclamo de la Provincia, presentado en 2024, exige el pago de unos $1,6 billones sin actualización, correspondientes a transferencias que debía realizar la ANSES para compensar el déficit previsional. Sin embargo, estimaciones oficiales y del sistema indican que la deuda ya supera los $2 billones, tras la interrupción de los envíos durante 2024 y 2025.
Desde el gobierno bonaerense señalaron que la convocatoria judicial representa un avance en medio de la falta de diálogo con Nación. A la audiencia asistirán funcionarios del área económica y previsional de la Provincia, mientras que se espera la participación de representantes del Ministerio de Economía y del organismo previsional nacional.
El conflicto tiene un trasfondo estructural: las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias reciben compensaciones del Estado nacional para equilibrar sus sistemas. Según denuncian desde la Provincia y organizaciones de jubilados, esos envíos se encuentran paralizados desde el inicio de la actual gestión nacional.
La situación genera preocupación por el impacto en el Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente abona más de 374.500 jubilaciones y pensiones. Desde distintos sectores advierten sobre el riesgo de desfinanciamiento del sistema y el impacto directo sobre los haberes.
El antecedente más cercano es el caso de Córdoba, donde tras una audiencia similar se avanzó en un acuerdo parcial. Sin embargo, en el caso bonaerense el conflicto se da en un contexto de fuerte tensión política entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof.
En paralelo, especialistas alertan que la reforma laboral impulsada por Nación podría reducir los aportes al sistema previsional, lo que agravaría la situación de las cajas provinciales.
De esta manera, la intervención de la Corte abre un nuevo escenario de negociación en un conflicto que combina impacto fiscal, tensión política y consecuencias directas sobre los jubilados bonaerenses.
