Productores y sociedades rurales del Sudeste bonaerense cuestionan la iniciativa que discute el Senado y alertan por mayores controles, costos adicionales y pérdida de autonomía productiva.
El avance del proyecto de ley de suelos en la provincia de Buenos Aires volvió a tensar la relación entre el sector agropecuario y el gobierno provincial. En los últimos días, productores y sociedades rurales del Sudeste bonaerense endurecieron su postura frente a una norma que, según afirman, introduce el mayor nivel de intervención estatal sobre la actividad en los últimos años.
La iniciativa, presentada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba), continúa su tratamiento en el Senado bonaerense, mientras las entidades rurales advierten que el texto habilita planes productivos obligatorios, supervisión técnica, auditorías, consorcios de manejo y un sistema de sanciones que impactaría sobre toda la superficie agrícola.
El encuentro realizado en la Sociedad Rural de Mar Chiquita, con participación de organizaciones adheridas a Carbap, profundizó el rechazo gremial. Allí se señaló que, aunque el proyecto se enmarca en la protección del suelo y del agua, incorpora mecanismos que consideran “intrusivos” y que trasladan más obligaciones al productor.
La propuesta declara de interés público el cuidado del suelo bonaerense y exige planes de uso elaborados por profesionales matriculados con una vigencia mínima de cuatro años. También prevé multas calculadas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, un fondo fiduciario, registros y catastros bajo supervisión estatal y del propio Ciafba.
Para las 16 sociedades rurales presentes, este esquema implica mayores costos, menos flexibilidad para la toma de decisiones y una pérdida de autonomía en la gestión productiva.
El malestar se suma a un contexto ya complejo: subas de tasas municipales, caminos rurales deteriorados, inseguridad en zonas productivas y reclamos sin respuesta. En General Guido, una actualización del 380% en tasas derivó en protestas vecinales; en General Villegas, productores exigieron soluciones por caminos intransitables; y en Ayacucho, entidades locales convocaron encuentros abiertos por falta de gestión.
Uno de los puntos más citados en la reunión fue que el 70% de la producción bonaerense se realiza en campos arrendados. Productores remarcaron que la obligación de presentar planes productivos de cuatro años puede volver inviables los contratos cortos, alterar rotaciones y limitar la capacidad de adaptación en escenarios climáticos variables.
El rechazo sumó respaldo externo con un pronunciamiento de Cartez, entidad que reúne a asociaciones rurales del centro del país. Su presidente, Maximiliano Razzeto, acusó a la Provincia de promover nuevas cargas “sin sustento científico” y advirtió que este tipo de medidas “desincentivan al que produce y genera empleo”.
Para las entidades del Sudeste bonaerense, el trasfondo del proyecto es más recaudatorio que conservacionista, especialmente por la creación del fondo fiduciario que se financiaría con un porcentaje fijo del Presupuesto provincial y multas.
Con el avance legislativo del proyecto, las rurales temen que el esquema pueda replicarse en otras provincias, por lo que el conflicto comienza a adquirir dimensión nacional y a instalarse como un nuevo capítulo de tensión entre el agro y el Estado provincial.
