La Provincia sancionó a OSDE y busca recuperar unos $150.000 millones adeudados por obras sociales, en un contexto en el que aumentó la cantidad de personas que recurren al sistema público.
El Gobierno bonaerense profundizó los controles sobre prepagas y obras sociales mientras los hospitales públicos reciben una demanda cada vez mayor, tanto de personas sin cobertura como de pacientes que continúan afiliados a financiadores privados o de la seguridad social.
La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios aplicó recientemente una multa de $55.115.200 a OSDE al considerar abusivas dos cláusulas incluidas en sus contratos de adhesión.
Una de las observaciones estuvo relacionada con intereses y gastos por mora sin criterios suficientemente determinados, mientras que la segunda apuntó a aumentos vinculados con franjas etarias cuyos anexos no estaban publicados junto con el contrato.
OSDE cuestionó la competencia de la Provincia y argumentó que sus condiciones de afiliación están bajo supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. El organismo bonaerense rechazó el planteo y defendió sus facultades en materia de defensa del consumidor. La resolución todavía puede ser recurrida judicialmente.
La medida se suma a otras actuaciones contra empresas del sector. En 2024, la Provincia había imputado a Medicus, Galeno, Swiss Medical, Omint, Cemic y Medifé por presuntas cláusulas abusivas relacionadas con aumentos por edad, mora, rescisión y condiciones contractuales.
El endurecimiento de los controles ocurre en medio de una mayor presión sobre el sistema sanitario estatal. Según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del INDEC, entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la proporción de personas con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia cayó del 67,5% al 65,4%.
En términos absolutos, la población que depende exclusivamente de la salud pública pasó de 9,55 millones a 10,29 millones. Esto representa 742.000 personas más sin otra cobertura.
La Provincia también registró un incremento de la demanda dentro de sus establecimientos. Entre 2023 y 2025, las internaciones en hospitales públicos bonaerenses aumentaron 35% y actualmente el 53% corresponde a pacientes que poseen obra social o prepaga, frente a menos del 40% anteriormente.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, vinculó este fenómeno con las dificultades del resto del sistema. “La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”, sostuvo.
La situación también tiene consecuencias financieras para los hospitales. Mediante la Resolución 103-SAMO-2026, la Provincia habilitó un régimen especial para que las obras sociales nacionales regularicen las deudas acumuladas por prestaciones brindadas a sus afiliados en establecimientos públicos bonaerenses.
Las estimaciones oficiales ubicaron en alrededor de $150.000 millones el monto que se busca recuperar. Las entidades podrán cancelar sus obligaciones al contado, acceder a hasta 18 cuotas sin interés o extender el pago hasta 24 cuotas con una tasa anual del 4%.
El escenario se completa con las dificultades financieras registradas en algunas obras sociales. Durante agosto, la Superintendencia nacional dispuso la disolución y liquidación de la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos y declaró en crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos. Además, a fines de julio fueron reasignados 6.316 afiliados de FEDECÁMARAS después de la quiebra de esa entidad.
Frente al incremento de la demanda, el Gobierno de Axel Kicillof sostiene una estrategia de ampliación de la infraestructura sanitaria provincial. A fines de julio alcanzó 210 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud inaugurados desde el inicio de la gestión y contabilizó 433 ambulancias distribuidas.
Además, la Provincia informó que mantiene 263 obras y proyectos de atención primaria en 84 municipios, con una inversión superior a los $177.000 millones, mientras busca recuperar recursos de las obras sociales cuyos afiliados son atendidos dentro del sistema público.
