El Gobierno nacional extendió la emergencia y el desastre agropecuario en una amplia zona del interior bonaerense, tras homologar los decretos provinciales que incorporan nuevas áreas afectadas por las inundaciones. La medida rige hasta el 28 de febrero de 2026 e impacta sobre miles de productores.
El Ministerio de Economía, a través de la resolución 1974/2025, validó los decretos enviados por la Provincia e incorporó un conjunto más amplio de circunscripciones que permanecían bajo agua. La decisión alcanza a productores de 25 de Mayo, Saladillo, Azul, Bragado, Lincoln, Bolívar, General Belgrano y Pila, donde las lluvias intensas del segundo semestre dejaron extensas áreas improductivas.
La normativa respalda el acceso a beneficios fiscales y crediticios previstos en la Ley 26.509, que habilita asistencia para quienes registren al menos el 50% de sus campos dañados. Los productores habían advertido que varios distritos del centro bonaerense actuaban como zonas de descarga de cuencas más comprometidas, lo que agravó los anegamientos durante semanas.
La resolución nacional adhiere a los decretos 2779/2025 y 2780/2025, presentados ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El primero prorrogó la emergencia declarada meses atrás en distintas circunscripciones de 25 de Mayo y Saladillo; el segundo incorporó nuevas áreas en Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila, Bolívar y sectores adicionales de 25 de Mayo, donde el agua afectó cultivos, caminos rurales y establecimientos productivos.
Para acceder a los beneficios, los productores deberán obtener un certificado provincial que confirme la ubicación de sus predios dentro de las zonas declaradas. Luego, la Provincia remitirá a Nación el listado consolidado para que ARCA y las instituciones bancarias oficiales habiliten prórrogas impositivas y créditos blandos destinados a recomponer capital de trabajo.
El Ministerio de Economía también autorizó a la Secretaría de Agricultura a firmar convenios complementarios para coordinar acciones en territorio. La articulación entre ambos niveles del Estado resultará clave para acelerar la validación de los certificados y evitar demoras en la llegada de la asistencia, en un mapa rural donde todavía persisten grandes superficies inundadas y explotaciones que no lograron retomar la actividad.
