Durante una asamblea en Quilmes, el Colegio de Magistrados y Funcionarios designó nuevas autoridades y planteó la necesidad de recomponer los sueldos, cubrir cargos vacantes y fortalecer la independencia judicial frente a la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires renovó su conducción en medio de un escenario marcado por la falta de recursos, el atraso salarial y la sobrecarga de trabajo en los tribunales bonaerenses. La elección se realizó durante una asamblea general celebrada en Quilmes, que reunió a representantes de los 19 departamentos judiciales.
El juez Matías Rappazzo, del Departamento Judicial Morón, fue elegido como nuevo presidente de la entidad. Lo acompañarán Mabel Cardoni (La Plata) como vicepresidenta primera y Mario Caputo (Quilmes) como vicepresidente segundo. Además, la doctora Erika Rodríguez Meroni asumió la conducción de la Comisión de Funcionarios, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.
Antes de la votación, los asistentes reconocieron la labor del presidente saliente, Claudio Santagati, por su gestión y por el impulso a la institucionalidad interna. “El desafío ahora es sostener la unidad lograda y avanzar con un plan que contemple la realidad salarial y el funcionamiento cotidiano de la justicia”, expresó Rappazzo durante su discurso de asunción.
El flamante titular del Colegio advirtió que la recomposición salarial sigue siendo una deuda pendiente, ya que los sueldos del Poder Judicial bonaerense se ubican entre los más bajos del país en relación con su carga de trabajo. “Tenemos una diferencia importante con otras jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires es una de las más litigiosas de América Latina, y sin una mejora real de los ingresos resulta muy difícil sostener la tarea”, señaló.
Rappazzo también reclamó una mayor autonomía presupuestaria para el Poder Judicial y alertó por la falta de personal. Según detalló, el sistema llegó a tener más de 700 vacantes sin cubrir, aunque reconoció avances recientes por parte del Ministerio de Justicia para normalizar los cargos.
Informes del Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF) sostienen que más del 90% del presupuesto actual se destina al pago de salarios, mientras que la inversión en infraestructura, tecnología y formación profesional resulta insuficiente. En paralelo, los expedientes en el fuero de familia crecieron más de 600% desde 2010, sin un incremento proporcional de personal.
Con un presupuesto judicial proyectado en 2,49 billones de pesos para 2026, las nuevas autoridades enfrentan el reto de recomponer las condiciones laborales y recuperar la eficiencia del sistema judicial provincial, en un contexto de alta demanda social y escaso margen presupuestario.
