Las centrales denunciaron la negativa de funcionarios a recibir un reclamo de familias y prestadores, en el marco de un paro de 48 horas y una movilización al Congreso.
A horas de una nueva movilización nacional frente al Congreso, las CTA bonaerenses emitieron un comunicado conjunto en el que repudiaron el maltrato sufrido por familias y prestadores en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según denunciaron, el pasado viernes funcionarios del organismo se negaron a recibir un reclamo formal por los pagos atrasados, lo que desató un fuerte rechazo entre las organizaciones del sector.
Las secretarias de Discapacidad Nancy Alarcón (CTA Autónoma) y Nancy Fernández (CTA de lxs Trabajadores) aseguraron que el personal de la ANDIS “se negó a recibir un escrito de apenas dos hojas porque no trabajaban bajo presión”, y reclamaron que el Gobierno “se ajuste a derecho y cese la violencia física y simbólica sobre las personas con discapacidad y sus familias”.
El malestar crece en un contexto de paro nacional de 48 horas, con prestadores terapéuticos y transportistas que reclaman la reglamentación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin aplicación efectiva. La protesta incluye una movilización al Congreso, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los gremios denunciaron además que los prestadores no cobran desde 2023 y que los profesionales perciben apenas tres mil pesos por hora, una cifra “insostenible” para sostener las prestaciones. También exigieron la devolución de las pensiones dadas de baja y la reincorporación de los trabajadores despedidos tanto en la ANDIS como en otros organismos vinculados al área.
En declaraciones públicas, Jésica Machado, de Prestadores Unidos, relató que el interventor Alejandro Vilches “se negó a recibir la carta porque dijo sentirse presionado”, lo que calificó como “un acto de falta de respeto total”.
El conflicto afecta a centenares de instituciones y transportistas en todo el país, mientras crecen las críticas por la falta de ejecución de los $121.000 millones asignados al área. “Hay fondos disponibles y no los ejecutan”, denunció Pablo Bolego, referente del sector.
Desde las CTA bonaerenses advirtieron que las familias deben enfrentar meses de trámites para renovar prestaciones esenciales, y que la interrupción de terapias puede tener consecuencias irreversibles. Con el paro y la movilización de este miércoles, las organizaciones buscan presionar al Ejecutivo para que garantice la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ponga fin a lo que definen como “un ajuste brutal sobre el colectivo más vulnerable del país”.
